La administración del presidente Donald Trump ha ordenado a los estados que investiguen a beneficiarios de Medicaid —el programa que cubre a personas de bajos ingresos o con discapacidades— para verificar si cumplen con los requisitos de elegibilidad en base a su estatus migratorio.

Hasta ahora, cinco estados informaron que ya han recibido, en total, más de 170,000 nombres. Esta medida del gobierno federal es sin precedentes y significa involucrar al programa de salud estatal-federal en la campaña del presidente contra la inmigración.

Defensores de los derechos de los inmigrantes advierten que esta decisión impone una carga adicional a los estados al tener que duplicar las verificaciones y podría llevar a que algunas personas pierdan su cobertura médica simplemente por no haber entregado a tiempo la documentación.

Sin embargo, el doctor Mehmet Oz, administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), defendió la medida, señalando la importancia de contar con información precisa sobre las personas inscritas en Medicaid.

Esta orden provocó una demanda por parte de varios estados preocupados de que esa información se utilizara para campañas de deportación. En agosto, un juez federal ordenó al Departamento de Salud y Servicios Humanos que dejara de compartir esa información con las autoridades migratorias.

Las agencias estatales de Medicaid normalmente utilizan bases de datos administradas por la Seguridad Social, el Departamento de Seguridad Nacional y otras agencias gubernamentales para verificar el estatus migratorio de los solicitantes.

Si los estados tienen que volver a contactar a las personas inscritas para verificar nuevamente su estatus migratorio o ciudadanía, algunas podrían perder su cobertura injustificadamente, por ejemplo, si no ven la carta donde se les solicitan documentos o no responden a tiempo.

“No estoy segura de que haya evidencia suficiente que justifique esta verificación adicional”, dijo Marian Jarlenski, profesora de políticas de salud en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Pittsburgh.

Oz dejó en claro que la administración Trump no está de acuerdo. En el comunicado de agosto, los CMS explicaron que estaban pidiendo a los estados que verificaran la elegibilidad de las personas cuyo estatus migratorio no pudo ser confirmado mediante bases de datos federales.

“Esperamos que los estados actúen con rapidez y supervisaremos los progresos mes a mes”, dijo la agencia.

Leonardo Cuello, profesor investigador del Georgetown University Center for Children and Families, calificó la orden de los CMS a los estados como “algo sin precedentes” en los 60 años de historia del programa Medicaid.

Dijo que es posible que el gobierno federal no haya podido verificar el estatus migratorio de algunas personas porque sus nombres estaban mal escritos o desactualizados, como cuando una beneficiaria aparece con el apellido de soltera en lugar del de casada.

Los listados también pueden incluir a personas que recibieron ayuda a través de Medicaid de Emergencia, un programa que cubre los gastos de servicios de emergencia en hospitales, incluidos el parto y la atención de trabajo de parto, sin importar el estatus migratorio.

“Los CMS están haciendo revisiones inútiles del estatus migratorio de personas cuyos gastos hospitalarios fueron cubiertos por Medicaid de Emergencia”, explicó Cuello.

Oz señaló en su publicación que la ley federal “permite a los estados usar fondos de Medicaid para tratamientos de emergencia, independientemente de la ciudadanía o el estatus migratorio de los pacientes”, y que los estados pueden “crear legalmente programas de Medicaid para inmigrantes indocumentados usando sus propios impuestos estatales, siempre y cuando no se utilicen fondos federales”.

Todos los estados que mencionó Oz administran sus propios programas de este tipo.

Estas revisiones representan una carga adicional para las agencias estatales de Medicaid, que ya están ocupadas con los preparativos para implementar la ley tributaria y de gasto público que Trump firmó en julio.

Esta ley, que los republicanos han llamado la “One Big and Beautiful Bill”, establece numerosos cambios en Medicaid, incluyendo la imposición de requisitos laborales en la mayoría de los estados a partir de 2027. También les exige que revisen la elegibilidad de las personas inscritas al menos dos veces al año.

“Temo que los estados realicen verificaciones innecesarias que impongan una carga a ciertos beneficiarios, que perderán la cobertura médica cuando no deberían”, explicó Cuello. “Esto será mucho trabajo para los CMS y los estados, con muy pocos resultados reales”.

Dado que la nueva política permite a la agencia divulgar públicamente los datos, Cuello opinó que el esfuerzo tiene más valor político que práctico.

Brandon Cwalina, vocero del Departamento de Servicios Sociales de Pennsylvania —que administra Medicaid—, dijo que el estado ya exige que toda persona solicitante demuestre su ciudadanía o, cuando corresponde, su estatus migratorio.

“Sin embargo, la lista de nombres y las instrucciones emitidas por los CMS el mes pasado constituyen un nuevo procedimiento, y el departamento está revisando cuidadosamente esa lista para encarar las acciones correspondientes”, explicó.

En su publicación, Oz no mencionó a Pennsylvania, estado que Trump ganó en 2024.

Cuando un residente legal no tiene número de Seguro Social, el estado verifica su estatus usando una base de datos del Departamento de Seguridad Nacional, además de revisar los documentos migratorios específicos, agregó.

Otras agencias estatales de Medicaid dijeron que todavía no han comenzado a contactar a las personas inscritas.

“Estamos elaborando un procedimiento para realizar estas revisiones”, dijo Jennifer Stroehecker, directora de Medicaid en Utah, durante una reunión en agosto con una junta asesora estatal.

Renuka Rayasam y Rae Ellen Bichell colaboraron con este artículo.
https://kffhealthnews.org/news/article/gobierno-de-trump-ordena-a-programas-estatales-de-medicaid-que-ayuden-a-identificar-a-inmigrantes-indocumentados/